En este país, la memoria informativa tiene fecha de caducidad acelerada. Todo aquello que hoy nos conmueve, mañana es opacado por otra noticia. Eso no es azar, es el efecto de cancelación: una nueva tragedia o escándalo apaga la llama de la anterior. En medio de ese torbellino, el caso del niño Roldany Calderón ha sido relegado de forma escandalosa.
Roldany desapareció el domingo 30 de marzo, mientras jugaba en el patio de una vivienda en “Los Tablones”, cerca de La Ciénaga de Manabao, en Jarabacoa. Lo que siguió fue una acción inmediata: la familia avisó, la comunidad reaccionó, y el Ministerio Público se sumó con operativos y vigilancia. Pero ese despliegue inicial, cargado de drones, perros rastreadores y militares, comenzó a diluirse justo cuando debería intensificarse.
Y no fue un accidente del algoritmo noticioso; hubo un detonante: la llamada “tragedia del Jet Set”, apenas ocho días después, desplazó por completo este caso de la conversación pública. Mientras tanto, una familia sigue sin saber dónde está su hijo.
Lo más preocupante no es solo el olvido mediático, sino la lógica criminal que empieza a perfilarse: no hay señales de accidentes, sino una hipótesis más oscura: un secuestro planeado. Y eso requiere respuestas claras, urgentes y, sobre todo, humanas.
Entiendo que la discreción es vital en investigaciones de esta índole. Pero el silencio del Ministerio Público—aunque intencionado—termina generando una angustia adicional. Se convierte en una falta de empatía inadmisible con quienes esperan, sin descanso, una respuesta.
En este país algunos tienen acceso rápido a la justicia, otros se desvanecen en el limbo del olvido. Uno ve cómo se capturan atracadores rápidamente, pero también cómo un niño desaparecido se vuelve un titular muerto de forma prematura. La pobreza no debería erosionar nuestras expectativas de justicia, pero tristemente, muchas veces lo hace.
Confiamos en que el Ministerio Público cumple con su deber. Sin embargo, no es solo su reputación la que está en juego, es la dignidad de un país que no puede permitir desplazar el dolor de una familia en nombre del sensacionalismo o la indiferencia.
El nombre de Roldany Calderón no debería desvanecerse. Su ausencia nos interpela, nos confronta con nuestra capacidad de indignación y con nuestra responsabilidad colectiva. Y el Estado, sin excusas, está llamado a responder. Se juega la credibilidad.