Santo Domingo, República Dominicana — El pleno de la Suprema Corte de Justicia analizaba este viernes si confirmará o revocará la sentencia que impuso cinco años de prisión a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El tribunal, presidido por Henry Molina, revisa el recurso de casación presentado por la exlegisladora del PRD, quien buscaba anular la condena originalmente emitida por la Segunda Sala Penal.
La Procuraduría General había solicitado la confirmación de la sentencia, mientras que la defensa de Pilarte abogaba por su anulación.
Detalles de la condena
- La exdiputada fue sentenciada a cinco años de prisión.
- Debe pagar una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
- La pena debe cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
- Se ordenó el decomiso de múltiples propiedades a favor del Estado, incluyendo terrenos e inmuebles de diversas extensiones en La Vega.
Evolución posterior al fallo
- Confirmación y ejecución: El pleno de la Suprema ratificó la condena y remitió el expediente al juez de Ejecución de la Pena en La Vega para su cumplimiento.
- No suspensión automática: La exdiputada presentó un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional con el fin de suspender la ejecución de la sentencia, pero este tipo de recurso no tiene efecto suspensivo a menos que el Tribunal Constitucional lo disponga expresamente.
- Arresto efectivo: La exlegisladora fue detenida por la Procuraduría General y trasladada al penal Rafey Mujeres como parte del cumplimiento de la sentencia.
- Motivo del fallo: La sentencia estuvo fundamentada en la enorme discrepancia entre los ingresos declarados (solo 16 millones de pesos en total) y los movimientos de dinero detectados (más de 4,400 millones de pesos entre 2003 y 2021). Además, se evidenció la transferencia de inmuebles a una empresa fachada como parte de un patrón típico de lavado de activos.
Conclusión
Este proceso marca un paso significativo en el combate a la corrupción política y el lavado de activos en el país. Las autoridades han cumplido con los procedimientos judiciales correspondientes, mientras que la defensa de Rosa Amalia Pilarte busca una revisión de la sentencia ante el nivel constitucional.