La diputada Soraya Suárez (PRM–Santiago) criticó que grupos de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otras entidades, rechazaran en su momento el aumento de penas para los violadores sexuales en el nuevo Código Penal.
Esto se expresó en el contexto del brutal caso de una joven que fue violada y abusada sexualmente por seis hombres en Villa González, provincia Santiago.
La legisladora lamentó que tuviera que ocurrir un caso tan horripilante para que Finjus y otras entidades se alarmaran y comenzaran a pedir la castración química para los violadores, a pesar de que esta medida es inconstitucional y que la Carta Magna permite que los legisladores incrementen las penas.
Suárez defendió las nuevas penas estipuladas en el nuevo Código Penal, que incluyen un aumento de castigo para las agravantes en casos de abuso y violación sexual, como sucedió en el caso de la joven de Villa González.
Además, la congresista mencionó otros casos emblemáticos como el de Alexis Villalona, conocido como “el Abusador” de Baní, y el de la adolescente Esmeralda Richiez, quien falleció tras ser víctima de violación por un profesor en Higüey.