Santo Domingo, República Dominicana — El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), por medio del Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, decretó la clausura preventiva y la paralización de operaciones de varias naves industriales y plazas comerciales en el Gran Santo Domingo. La medida está motivada por la operación de estos locales sin contar con las licencias de construcción requeridas ni las certificaciones de inspección final, lo cual representa una amenaza para la seguridad estructural y la vida de quienes transitan o trabajan en ellos.
El principio de autotutela en acción
El cierre se ampara en el principio de autotutela administrativa, que faculta a la administración pública a adoptar medidas inmediatas cuando exista un riesgo inminente para la seguridad pública. Esta acción prioriza la protección de vidas y la estabilidad de las edificaciones, pues operar sin los permisos exigidos expone a posibles colapsos o fallas estructurales que podrían acarrear consecuencias graves.
Locales afectados
Dentro de los establecimientos clausurados se encuentran complejos como Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me, así como otros comercios en situación similar.
Medida temporal y de carácter preventivo
El MIVED aclaró que la paralización es estrictamente temporal y se aplica únicamente como medida preventiva. Los propietarios y administradores de los locales aún tienen la oportunidad de regularizar su situación conforme a la normativa vigente, obteniendo las licencias y certificaciones necesarias para retomar operaciones de manera legal y segura.
Marco legal y responsabilidad institucional
La Ley 687-82 y los reglamentos técnicos (Decreto 232-17 y Decreto 576-06) exigen que cualquier edificación posea licencia de construcción y certificación de inspección final antes de su ocupación. La ejecución y operación sin cumplir estos requisitos configuran ilícitos administrativos que vulneran la normativa urbanística y ponen en peligro la integridad estructural, la vida de personas y el interés público general. El Ministerio, como ente regulador, está facultado para intervenir de oficio y restablecer el orden conforme a la ley.