Washington (EFE) – En un giro inesperado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021. Esta decisión coloca al borde de la deportación a más de 250.000 inmigrantes venezolanos.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no se extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025), cuya vigencia expira el próximo 10 de septiembre.
El TPS proporciona un permiso de trabajo y protege a los beneficiarios de la deportación. Según Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la decisión de no extender el amparo se basa en el papel crítico que juega Venezuela en el aumento de la migración irregular y el imán que el TPS representa.
Las condiciones en Venezuela, según Noem, ya no cumplen con los criterios legales necesarios para el TPS, haciendo necesario terminarlo, ya que extender el amparo estaría en contra del interés nacional.
Esto ocurre luego de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos confirmara recientemente que la cancelación del TPS para cerca de 600.000 venezolanos es ilegal, lo que incluye a los afectados por la decisión actual.
Este panel de jueces apoyó un fallo unánime del juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, quien está revisando una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y varios inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo por parte del DHS. Esta decisión afectó a 350.000 venezolanos a quienes se les terminó el amparo en abril pasado.
El fallo del Noveno Circuito reconoce que los venezolanos perjudicados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios, incluyendo pérdida de empleo, separación familiar, detención y deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
Se anticipa que el juez Chen emitirá una resolución en los próximos días, lo cual podría congelar la controvertida decisión del Gobierno Trump.