Santo Domingo, República Dominicana — El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrenta cuestionamientos por sus contratos con prestadores privados en el régimen subsidiado, generando inquietudes sobre la transparencia y el uso de los recursos destinados a la atención de la población más vulnerable del país.
Aunque el régimen subsidiado tiene como propósito ofrecer cobertura a trabajadores informales, personas desempleadas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, algunos de los contratos firmados con clínicas y centros privados han levantado sospechas por la falta de claridad en los criterios de adjudicación, control de calidad y supervisión de servicios.
¿Mecanismo solidario o puerta de opacidad?
Lo que debería ser un instrumento clave para garantizar el derecho a la salud, corre el riesgo de convertirse en un punto débil del sistema si no existen parámetros públicos y verificables sobre cómo, a quién y en qué condiciones se le otorgan estos contratos. La opacidad alimenta la percepción de favoritismos, irregularidades y posibles desvíos de fondos.
Silencio institucional y falta de explicaciones
Hasta el momento, SeNaSa no ha ofrecido respuestas claras ante los señalamientos, ni ha presentado documentos públicos que evidencien auditorías, procesos competitivos o mecanismos de control específicos para estas contrataciones. La falta de pronunciamientos también alcanza a los entes reguladores, lo que aumenta la preocupación en la opinión pública.
En riesgo la confianza ciudadana
Más allá de las cifras y formalidades, está el impacto real sobre los afiliados. Si estos contratos no garantizan eficiencia, calidad y trato digno, los más afectados serán precisamente los usuarios que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a consultas, medicamentos y servicios esenciales. El peligro no es solo económico, sino humano.